El guardia civil de Podemos se desmarca del manifiesto de Alsasua porque “fue un delito”

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22/03/2017

El diputado Juan Antonio Delgado critica el “uso político y miserable del terrorismo” al que se prestaría el texto. El juez Yllanes, por su parte, advierte de que es una injerencia en la separación de poderes

Foto: El diputado Juan Antonio Delgado (c-d.), junto a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el coronel Aroldo Lázaro y el diputado del PP Ricardo Tarno (izq). (EFE)El diputado Juan Antonio Delgado (c-d.), junto a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el coronel Aroldo Lázaro y el diputado del PP Ricardo Tarno (izq). (EFE)

El guardia civil en excedencia y diputado de Unidos Podemos, Juan Antonio Delgado, se ha desmarcado de una declaración en el Congreso firmada esta mañana por 88 parlamentarios de Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís y Bildu en relación “a los acontecimientos ocurridos en Alsasua y su posterior tratamiento judicial”. El manifiesto reclama proporcionalidad en el juicio contra los acusados por agredir a miembros de la Guardia Civil y sus parejas en este pueblo navarro y requiere “la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo”.

Delgado, en conversación con los medios en los pasillos del Congreso, ha recalcado que considera dichas agresiones como delito y, a pesar de estar en desacuerdo con la calificación de terrorismo, ha rechazado firmar la declaración porque supone un “uso político y miserable del terrorismo” al que no quiere contribuir.

El diputado ha lamentado asimismo que el texto no ponga en valor el apoyo a los agentes de la Benemérita agredidos y a sus parejas, recordando que “desde el minuto uno Podemos condenó la agresión”, como quedó registrado en la comisión de Interior de la que es portavoz adjunto. “En Alsasua se produjo un delito contra la Guardia Civil y sus familiares, a quienes nosotros apoyamos sin fisuras”, ha zanjado, recalcando que lo importante es estar con las víctimas.

Delgado: “En Alsasua se produjo un delito contra la Guardia Civil y sus familiares, a quienes nosotros apoyamos sin fisuras”

El juez en excedencia y diputado de Podemos Juan Pedro Yllanes se ha adherido a la declaración aunque ha confesado que no comparte la demanda de “devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, y la consiguiente puesta en libertad de los tres jóvenes” que siguen en prisión, al considerar que podría entenderse como una injerencia en la separación de poderes y la actuación de la Audiencia Nacional. El manifiesto, que ya fue remitido a los diputados hace varias semanas, se ha hecho público con sus respectivos firmantes esta mañana en el Congreso tras recibir a los familiares de los encarcelados.

Para el portavoz de ERC, Joan Tardà, uno de los diputados que han recibido a los familiares en el Congreso, las agresiones “no deberían haber ocurrido”, pero se ha mostrado crítico contra lo que considera “una gran arbitrariedad” en el proceso, utilizando a su entender “métodos de venganza” frente al “avance hacia la reconciliación”. En esta línea, el diputado de Unidos Podemos por IU Ricardo Sixto ha remarcado que la actual situación “es de paz y muy distinta a la de años anteriores, por lo que no se deben aplicar viejos mecanismos”. Habrá el juicio que tenga que haber, ha añadido, “pero no se puede culpabilizar a todo un pueblo y dar a entender que hay un escenario de conflicto o de vuelta al pasado”.

Declaración

Hoy, día 22 de Marzo, se ha hecho pública una Declaración firmada por 89 diputados y senadores en relación con los acontecimientos ocurridos en Alsasua y su posterior tratamiento judicial. A continuación recogemos el contenido de dicha declaración y sus firmantes.

A raíz de los hechos acaecidos el pasado 15 de octubre, de madrugada, en un bar de la localidad de Alsasua, nueve jóvenes de la localidad han sido imputados por actos de terrorismo y tres de ellos permanecen encarcelados provisionalmente. Desde el compromiso por la convivencia, la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos y los principios del Estado de Derecho, las personas abajo firmantes mostramos nuestra preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en torno a este caso.

Consideramos fundamental que la sociedad, sus representantes institucionales, los medios de comunicación y el sistema judicial observen los criterios de cautela, ecuanimidad y proporcionalidad. En este sentido, debemos ser respetuosos con la presunción de inocencia y, por ello, mostramos nuestra preocupación por la publicación de las identidades de los jóvenes —dos de ellos menores de edad—, y por la forma en que se han producido las detenciones, sin citación judicial, en lugares y horarios públicos a pesar de haberse personado anteriormente y de forma voluntaria a declarar. Se les ha negado el derecho al Juez natural y, como han señalado reputados juristas, las garantías procesales (derecho a la defensa, individualización de las responsabilidades, interpretaciones no extensivas, proporcionalidad, no arbitrariedad…) han quedado en entredicho.

Por otra parte, mostramos nuestra preocupación por la calificación judicial de los hechos como delito de terrorismo. La falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger. En este sentido queremos resaltar que los primeros informes policiales, redactados por la Policía Foral y la Guardia Civil, contradicen y rechazan la calificación de los hechos como delito de terrorismo.

La definición que sobre el delito de terrorismo recoge el Código Penal ha sido reiteradamente cuestionada por diferentes Relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Concretamente, la definición en vigor, fruto de la reforma promovida por la Ley Orgánica 2/2015 orientada en su exposición de motivos a combatir singularmente el terrorismo yihadista, ha sido recientemente (23-02-2015) cuestionado por cinco Relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por considerar que “tal como está redactada, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión” . El caso de Alsasua constituye un claro ejemplo en este sentido.

Si nos atenemos a las consecuencias penales derivables de la calificación como acto de terrorismo, la privación de libertad entre 10 y 15 años, equivalente a la de un delito de homicidio, no resulta ajustada al grado de gravedad de las lesiones recogidas en los partes médicos. Debemos señalar el perjuicio irreparable que ocasionaría el cumplimiento de penas desproporcionadas en el futuro de estos jóvenes. Debemos subrayar la excepcionalidad de una medida cautelar como la prisión provisional. Preocupa su implementación en jóvenes que reiteradamente han demostrado su voluntad de personarse ante los juzgados. Entendemos el sentimiento de indefensión y desamparo que han mostrado las familias.

Por otra parte, durante el transcurso de estas semanas hemos asistido a un sobredimensionamiento mediático que ha distorsionado la imagen del municipio navarro dañándolo sobremanera, haciendo flaco favor a la convivencia.

Por todo ello, pedimos que imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad, y requerimos la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo, la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, y la consiguiente puesta en libertad de los tres jóvenes.

A la vez, solicitamos a las autoridades competentes (Fiscalía General, Audiencia Nacional y Audiencia Provincial de Navarra) a que reconsideren sus actuaciones en el sentido mencionado y a las administraciones públicas, medios de comunicación, agentes sociales y políticos y a la sociedad en general que colaboren en la consecución de estas peticiones

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