La Guardia Civil abrió 50 expedientes a sus agentes por negligencias y faltas

Resultado de imagen de logo el norte de castillaRicardo Rábade | SALAMANCA.- 17 abril 2017

Las sanciones más graves alcanzaron hasta los seis meses de suspensión de empleo y se persiguió la embriaguez fuera del servicio por afectar a la imagen de la Benemérita

Agentes de la GuardiaCivil solicitan la documentación a los conductores en un control de tráfico. Agentes de la Guardia Civil solicitan la documentación a los conductores en un control de tráfico. / WORD

Los dos expedientes abiertos a Alicia Sánchez, una agente de la Guardia Civil salmantina represaliada por usar un chaleco antibalas que no era reglamentario pero que se ajustaba perfectamente a su anatomía femenina, que se tradujo, en el primero de los procedimientos, en un juicio en noviembre de 2016 en el Juzgado Togado Militar número 42 de Valladolid, vista oral en la que finalmente resultó absuelta, han reabierto el debate sobre el carácter castrense de la Guardia Civil y los mecanismos de sanción empleados para castigar las faltas que puedan cometer sus miembros.El PSOE hizo visible meses atrás la problemática sobre los expedientes que se incoan a los agentes de la Benemérita en el ejercicio cotidiano de su trabajo, mediante la formulación de una pregunta escrita en el Congreso de los Diputados dirigida al Gobierno. La petición de explicaciones llevaba las rúbricas del diputado salmantino David Serrada y de Antonio Trevín Lombán, miembro también del Grupo Parlamentario Socialista en representación del Principado de Asturias. Finalmente, la interrogante obtuvo respuesta por parte del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, aunque la elaboración de los contenidos de la contestación parlamentaria se demoró excesivamente, dado que tardó casi seis meses. No en vano, la interpelación de los diputados socialistas se remonta al pasado mes de agosto y la réplica oficial del Gobierno no fue comunicada por escrito hasta febrero de este año.

La contestación del Gobierno pone de relieve que durante el último lustro, concretamente entre los años 2012 y 2016, se abrieron en la provincia de Salamanca un total de 50 expedientes a agentes de la Guardia Civil, todos ellos fruto de la comisión de diferentes faltas, clasificadas bajo las categorías de leves, graves y muy graves.

Del citado periodo el año más agitado y conflictivo fue 2014, cuando se contabilizaron en los diferentes cuarteles salmantinos 14 expedientes. 2013 también fue un ejercicio ajetreado, con 13 expedientes. En 2012 se computaron 11 casos más. En cambio, en 2015 solo hubo siete y en 2016 únicamente cinco.

¿En qué consistieron estas faltas?… ¿Fueron todas ellas merecedoras de las correspondientes sanciones?… Los datos proporcionados por el Gobierno en sede parlamentaria arrojan luz sobre todas estas cuestiones. De hecho, los motivos alegados para desencadenar la tramitación de los expedientes fueron de lo más variopintos. Se describen peticiones o manifestaciones basadas en aseveraciones falsas, la emisión de informes o partes de servicio que no se ajustaban a la realidad o la desvirtuaban, así como desarrollar actividades que vulneraban las normas sobre incompatibilidades, la observancia de conductas gravemente contrarias al espíritu de la Guardia Civil y sentencias firmes que condenaban a los agentes por la comisión de delitos.

Pero todavía hay más. Otras causas para la formulación de los citados expedientes fueron desde la violación del secreto profesional hasta la negligencia, el retraso y la inexactitud en el cumplimiento de los deberes y las obligaciones, abarcando también situaciones de embriaguez fuera del servicio que afectaban a la imagen de la Benemérita.

Respecto al desenlace final de estos expedientes, la mayoría de ellos desembocaron en sanciones de diferente dimensión. Por ejemplo, hubo agentes que fueron multados con la pérdida de cinco días de sueldo y otros, con diez días. Pero otros corrieron peor suerte. De hecho, la ejecución de actividades que vulneraban el marco de incompatibilidades fue reprimida, en el caso más grave, con una sanción de seis meses y un día de suspensión de empleo.

En otro caso fueron cuatro meses y un día, pero el afectado presentó un recurso de alzada por estar disconforme, consiguiendo que el alcance del castigo disminuyera quedando en tres meses y un día de suspensión de empleo. También quedan reseñados en la respuesta parlamentaria el archivo de dos expedientes por razones de caducidad.

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